El 27 de febrero de 2017, el Consejo ha adoptado actos jurídicos que imponen nuevas medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea (RPDC). Dichos actos dan aplicación a las medidas restrictivas adicionales impuestas por la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) 2321, adoptada el 30 de noviembre de 2016.
Las medidas incluyen restricciones sobre las transacciones con carbón, hierro y mineral de hierro procedentes de la RPDC, y una prohibición sobre las importaciones de cobre, níquel, plata y cinc, así como de estatuas procedentes de la RPDC. Las medidas incluyen asimismo la prohibición de exportar nuevos helicópteros y buques a la RPDC y el endurecimiento de las restricciones vigentes en los sectores financiero y del transporte, como la prohibición para las misiones diplomáticas y los diplomáticos de la RPCD de tener más de una cuenta bancaria en la UE y las restricciones sobre la utilización de bienes inmuebles por parte de la RPDC en la UE.
Los actos jurídicos establecen también que los Estados miembros que tomen más medidas para impedir la formación o instrucción especializadas de nacionales de la RPDC en disciplinas que puedan contribuir a las actividades nucleares de la RPDC o estén relacionadas con misiles balísticos; Establecen asimismo la suspensión de la cooperación científica y técnica con personas o grupos patrocinados oficialmente por la RPDC o que la representen oficialmente, salvo en los intercambios con fines médicos.
Al igual que las sanciones existentes, estas medidas restrictivas están concebidas de forma que se eviten consecuencias humanitarias adversas para la población civil del país. Por tanto, prevén excepciones respecto de los medios de subsistencia y con fines humanitarios, cuando proceda.
La RCSNU añadía además once personas y diez entidades a la lista de personas y entidades sujetas a inmovilización de activos y a restricciones de viaje en el caso de las personas. Esta adición se incorporó al Derecho de la UE mediante una Decisión del Consejo adoptada el 8 de diciembre de 2016.
Más información aquí