El Consejo adoptó formalmente las últimas cuatro propuestas legislativas incluidas en el Paquete de Energía Limpia para todos, publicado en noviembre de 2016 por la Comisión Europea, y que ya fueron refrendadas por el Parlamento Europeo el pasado 26 de marzo. En concreto, se han adoptado el Reglamento sobre normas para el mercado eléctrico; la Directiva relativa a reglas comunes para el mercado interior de la electricidad; el Reglamento sobre ACER (la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía); y el Reglamento sobre seguridad del suministro eléctrico. En cuanto a las nuevas normas del mercado de la electricidad, los consumidores contarán con medidores de consumo inteligente, tarifas dinámicas y con la facultad de cambiar de compañía sin coste en un plazo máximo de tres semanas (en 24 horas para 2026). Asimismo, se establecen unas condiciones estrictas para la regularización, por parte de los Estados miembros, de los precios de la electricidad de manera temporal para proteger a los hogares más vulnerables, aunque se enfatiza que para solventar el problema se debe recurrir principalmente a la política social. Igualmente, se establece como objetivo conseguir que, como mínimo, un 70% de la capacidad comercial cruce libremente entre los Estados miembros para facilitarles la compraventa de energía renovable. Adicionalmente, se introducen límites más estrictos para las ayudas públicas a las centrales más contaminantes. Las nuevas reglas se aplicarán a las nuevas plantas a partir de la entrada en vigor del Reglamento, a las ya existentes a partir de 2025, y los contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2019 no se verán afectados. Respecto a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, se actualiza su funcionamiento para adaptar la supervisión reguladora a un mercado europeo de la energía más interconectado. También se redefinen las competencias del director y del consejo de reguladores de la ACER y se refuerza el papel de apoyo de la agencia a las autoridades reguladoras nacionales. Con relación a la seguridad del suministro eléctrico, los Estados miembros deberán desarrollar unos planes nacionales donde evalúen el riesgo de escasez y deberán cooperar a nivel regional.