La Comisión adoptó una Comunicación en la que revisa las normas sobre ayudas estatales a los PIICE, estableciendo los criterios para que ésta evalúe el apoyo de los Estados miembros a aquellos proyectos transfronterizos que superen las deficiencias del mercado y faciliten una innovación puntera en sectores y tecnologías clave. En concreto, busca reforzar el carácter europeo y abierto de estos proyectos, implicando al menos a cuatro Estados miembros y exigiendo que se diseñen de manera transparente e inclusiva. Además, pretende facilitar la participación de las PYME, fomentando su colaboración con las grandes empresas. Por último, exige que se aporten pruebas sobre la inclusión en los proyectos del principio de “no causar un perjuicio significativo” a nivel medioambiental y aclara los criterios para combinar los fondos nacionales y de la UE. La Comunicación entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2022.