En el marco de la taxonomía europea, se debatió sobre la calificación del gas y la energía nuclear como actividades económicas verdes en el borrador del acto delegado complementario de la Comisión Europea, cuya publicación final se prevé a principios de febrero. España, junto con Austria, Dinamarca y Luxemburgo, expresaron su oposición a dicha clasificación, argumentando que las emisiones de CO2 del gas y los residuos radioactivos serían incompatibles con el principio de “no causar perjuicio significativo”. Otro asunto tratado fue la propuesta de Reglamento relativa a la comercialización de productos relacionados con la deforestación, sobre la que la Presidencia francesa del Consejo prevé estructurar los debates en torno a la ampliación de su alcance a otros productos (caucho) y entornos (prados, pastizales y humedales). En cuanto a la gestión de los bosques y el sector maderero, se consideraron claves para la consecución de los objetivos climáticos. Al respecto, España abogó por fijar incentivos económicos y fiscales para conservar bosques maduros y activar la gestión forestal para una silvicultura sostenible.