El Consejo ha decidido imponer medidas restrictivas a otras cinco personas y dos entidades responsables de graves violaciones de derechos humanos en Irán.
Los nuevos listados incluyen al actual comandante de la Unidad de Socorro de la Policía de Teherán de las Fuerzas de Aplicación de la Ley de Irán (LEF) y una persona vinculada al » caso Maryam Arvin «, una abogada que fue brutalmente arrestada, gravemente maltratada y posteriormente murió por sus actividades. en defensa de los manifestantes. Las sanciones de hoy también apuntan al portavoz de la Policía iraní y al secretario del Consejo Supremo del Ciberespacio de Irán (SCC), la autoridad responsable de la represión en el ciberespacio.
Además, el Consejo incluye a la Fundación Cooperativa IRGC, que es el organismo responsable de administrar las inversiones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y canalizar dinero hacia la brutal represión del régimen y la Organización Estudiantil Basij (SBO). Estos últimos actúan como ejecutores violentos del IRGC en los campus universitarios donde los estudiantes realizaron protestas en el otoño de 2022 y, posteriormente, fueron víctimas de represión y graves violaciones de derechos humanos, como secuestros y torturas.