El Parlamento Europeo adoptó (504 votos a favor, 79 en contra y 112 abstenciones) el informe de iniciativa legislativa sobre diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa. En el mismo se invita a la Comisión Europea a presentar una propuesta de Directiva que obligue a las grandes empresas y determinadas PYME a identificar y reparar aquellas actuaciones que pongan en riesgo el medio ambiente, los derechos humanos y laborales, así como la buena gobernanza en toda su cadena de valor. Para asegurar su cumplimento, se plantea un régimen sancionador, salvo que se demuestre que actuaron conforme a los deberes de diligencia debida. En el debate previo, el eurodiputado Jorge Buxadé (CRE) criticó dicho enfoque al considerar que supondrá una clara pérdida de competitividad empresarial, y pidió excluir a las PYME de dicha propuesta. Mientras que el eurodiputado Iban García (S&D) abogó por que la Comisión proponga un marco equilibrado basado en la posición del Parlamento, fruto de “importantes compromisos”. Por su parte, el Ejecutivo comunitario prevé presentar una propuesta al respecto a mitad de año.