El objetivo de la propuesta es fomentar un comportamiento responsable por parte de las empresas a lo largo de las cadenas de suministro, para prevenir o mitigar efectos adversos de sus actividades en materia de ESG. Las nuevas normas afectarían a cierto tipo de empresas europeas y de terceros países con actividad en la UE, incluidas sus filiales en función de una serie de criterios. Las PYME, en cambio, estarían exentas. Entre otros aspectos, se introduce la obligación de los directivos de supervisar la aplicación de la diligencia debida e integrarla en la estrategia empresarial. Bajo un prisma empresarial, en una primera reacción BusinessEurope consideró irrealista buena parte de las disposiciones previstas por la Comisión Europea en dicho proyecto legislativo.