El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo político provisional sobre el instrumento contra la coerción.
La presidencia sueca, en nombre del Consejo de la Unión Europea, acordó un reglamento sobre la protección de la Unión y sus estados miembros de la coerción económica por parte de terceros países (Instrumento Anti-Coerción). Este instrumento tiene como objetivo disuadir a terceros países de atacar a la UE y sus Estados miembros con coerción económica a través de medidas que afectan el comercio o la inversión.
El Consejo tendrá una participación importante en el proceso de toma de decisiones al determinar qué constituye coerción económica. La Comisión Europea tendrá poderes de ejecución en las decisiones sobre las medidas de respuesta de la UE, al tiempo que se garantiza una mayor participación de los Estados miembros en estas decisiones. Las medidas dirigidas al tercer país en respuesta a la coerción económica pueden adoptar la forma de un aumento de los derechos de aduana, licencias de importación o exportación o restricciones en el ámbito de los servicios o la contratación pública. Cualquier contramedida adoptada por la UE se aplicaría solo como último recurso.
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