La Comisión Europea presentó, por un lado, una propuesta de Reglamento previendo normas obligatorias de diligencia debida para los operadores que comercialicen algunas materias primas y productos derivados. Por otro lado, una propuesta de Reglamento revisado sobre el traslado de residuos, con requisitos más estrictos sobre exportaciones y obligaciones de realizar auditorías independientes para verificar la capacidad de tratamiento en las instalaciones de los países de destino.

 

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